Desde hace tiempo se ha llegado a la conclusión que hemos descompuesto el equilibrio de la naturaleza con la sobreexplotación del agua, ya que estamos utilizando más de la mitad del agua dulce accesible en la tierra a un ritmo que el propio ciclo natural no puede regenerarse y para fines que dejan al agua inservible. La contaminación y salinación de los acuíferos y del agua subterránea a causa de las actividades mineras, agrícolas, industriales y domesticas es aún más alarmante con el bombeo de agua subterráneo a un ritmo que ha bajado los niveles de agua en todo el mundo. A esto se tiene que sumar el incremento de la degradación global de los ecosistemas por la expansión de modelos productivos altamente contaminantes y el derroche de agua en la agricultura intensiva y de exportación (impuesta por la revolución verde de los años 40 y los programas de ajuste estructural a partir de la década de los 70). El Nilo, el Ganges, el Yangtse, el Danubio o el Colorado han sido retenidos y trasvasados tantas veces a lo largo de su recorrido que agua potable no llega jamás al destino final. También las políticas de deforestación y el cambio climático como consecuencia de las emisiones de CO2 (tráfico motorizado y aéreo, consumo de energía, etc.) provocan una mayor crisis del agua. A estos factores hay que sumar los de la corrupción y el déficit democrático en la toma de decisiones políticas.

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El Banco Mundial considera los gobiernos de los países pobres incapaces de gestionar servicios públicos. La expansión de las multinacionales de agua no hubiera sido posible tampoco sin la intervención del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, ya que la gran mayoría de las privatizaciones fueron impuestos en los procesos de negociación y re-negociación de la Deuda Externa. La filial del BM, International Finance Corporation (IFC) ha estado directamente involucrado en los procesos de privatización de Argentina, Filipinas, Panamá y Colombia, mientras la Agencia de las Garantías para la inversión multilateral (MIGA) financió las inversiones privadas con créditos para la exportación.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han impuesto la privatización del agua como condición para otorgar préstamos; de hecho la privatización del agua y la eliminación de subsidios fue una condición en el 30% de sus acuerdos por país en el 2000 y en el 40% de sus acuerdos en 2001.

"En Cochabamba, Bolivia, su privatización ha provocado un aumento indiscriminado del precio hasta del 200 por ciento, en tanto en Guinea ha sido del 500 por ciento en cinco años". Rivera asegura que las mujeres jefas de familia en Colombia y Filipinas, cuando les cortan el servicio de agua por falta de pago, vuelven a utilizar el agua contaminada, lo que las expone a sufrir graves enfermedades y a dedicar horas al acarreo. Los pobres tienen que recurrir a otras fuentes de agua cuando la “política del cobro del coste real” les hace imposible a pagar.

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El control de los recursos hídricos y el modo de suministro de agua siempre ha sido una expresión de intereses y de las relaciones de fuerza en la sociedad, pero también ha formado parte de las luchas sociales. Al tiempo que el agua está siendo privatizada, surgen formas de organización social y de resistencia que defienden el agua como bien común, dejando claro que es un aspecto en el que a parte de buscar soluciones técnicas y económicas para suministrar la humanidad